Entender el caso

Reivindicar de manera organizada la realización de la reforma agraria ahora es crimen en Paraná. Desde noviembre del 2016 cuatro integrantes del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) están encarcelados, y otros siete pueden ser detenidos en cualquier momento, por protestar en contra de la posesión ilegal de tierras públicas y afavor de su destinación a la reforma agraria.

Fabiana Braga, Claudelei Torrente Lima, Antonio Cloves Ferreira y Claudir Braga, integrantes del Movimiento de los Trabajadores y Trabajadoras Rurales Sin Tierra (MST) residentes en Campamentos y Asentamientos de los municipios de Río Bonito do Iguaçu y Quedas do Iguaçu – Paraná, fueron detenidos preventivamente en el pasado 4 de noviembre. Los encarcelamientos son parte de la operación de la Policía Civil del Estado de Paraná, bautizada como Operación Castra, nombre que revela, por sí solo, el objetivo real hacia la cual se orienta: “castrar” la actuación del Movimiento en la región.

La región donde fue deflagrada la operación está marcada por conflictos de tierra involucrando, por un lado, a millares de campesinos y campesinas sin tierra, y del otro, la maderera Araupel. Los conflictos, que se extienden hace décadas, tienen origen en la ocupación ilegal de tierras del Estado por la multinacional. Durante todo ese período, el MST, el movimiento de lucha por la tierra de mayor expresividad en la región, ha sido duramente reprimido y criminalizado. Hasta el momento, los conflictos resultaron en el asesinato de cuatro trabajadores sin tierra acampados en los municipios de Rio Bonito do Iguaçu y Quedas do Iguaçu, dos en 1997 y dos en 2016, estos últimos asesinados durante acción de la Policía Militar en el interior del Campamento Dom Tomás Balduíno.

A partir del 2014, con la ocupación de dos otros inmuebles explotados irregularmente por la empresa y del logro de importantes vitorias judiciales en especial con la declaración de la nulidad de parte de los títulos de propiedad de la Hacienda Rio das Cobras, el proceso de criminalización de líderes sin tierra de la región se intensifica, culminando, en 2016, con la deflagración de la Operación Castra.

Los encarcelamientos de los y las integrantes del MST son ilegales. Los y las militantes están encarcelados porque son del MST, el cual la Policía Civil del Estado de Paraná afirma ser una organización criminal. Para la Policía, los campamentos del MST serían estados paralelos, donde no llega la justicia. Pero la única justicia que llega para los sin tierra a través de la reforma agraria es la que tarda en llegar.

Ya transcurrieron más de cuatro meses desde el encarcelamiento preventivo de los militantes del MST, plazo más largo que el permitido en ley para ese tipo de encarcelamiento. Hasta el momento los abogados y abogadas no lograron tener acceso completo al proceso, y no hay plazo para que los testigos sean escuchados y los integrantes del MST puedan probar su inocencia. Al mismo tiempo, no hay pruebas de que los integrantes del MST intentarían huir, dificultar la producción de pruebas o que ofender el orden público si estuviesen en libertad, requisitos estos que autorizarían el encarcelamiento preventivo. En este proceso los integrantes del MST son considerados culpables hasta que se pruebe lo contrario.

Los encarcelamientos preventivos decretados son retaliaciones a la actuación política del MST en la región, denunciando los crímenes de la Empresa Araupel y cobrando del Estado la realización de la Reforma Agraria.

Los y las integrantes del MST criminalizadas en la Operación Castra están encarcelados porque son sin tierra y por luchar por la democratización del acceso a la tierra. ¡Si defender los derechos humanos es un crimen, todos y todas nosotras feministas, negros y negras, sin techos, cimarrones, LGBTs, entre otros tantos luchadores y luchadoras del pueblo somos criminales!

Defendemos el derecho de los y las integrantes criminalizados del MST de responder al proceso en libertad y manifestamos nuestra preocupación frente la imputación del crimen de organización criminal a militantes de movimientos sociales. En un estado que pretende ser democrático, los movimientos sociales no pueden ser considerados organizaciones criminales. ¡Luchar por hacer efectivos los derechos humanos nos es un crimen, es un derecho!